Enviado por el Periodista Erduardo Reyes Frías, Socio de ACHIPEC

La mala noticia fue prevista en marzo 2013, cuando el Subsecretario de Pesca identificó 10 recursos sobreexplotados, entre ellos la merluza y el jurel. En síntesis, el Subsecretario Pablo Galilea asumió entonces “una sequía marina”, pero al mismo tiempo señaló opciones de rescate en la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, aprobada en diciembre 2012.

“No podemos seguir repartiendo peces que no existen”, advirtió el Ministro de Economía, Pablo Longueira, durante el polémico trámite de dicha ley en el Congreso.  La crítica apuntó a las cuotas excesivas de pesca que se habían otorgado en años anteriores, a pesar de que se vislumbraba un término del crecimiento explosivo. Los desembarques de jurel y  merluza, con 4 millones y 120.000 toneladas, hoy parece que existieron en Jurassic Park.

Cambio de rumbo

La norma actual busca la sustentabilidad de las actividades pesqueras mediante un modelo  “precautorio y ecosistémico”, donde se deben combinar  estudios biológicos, factores económicos y efectos sociales. En forma previa, los Comités Científicos, elegidos en concurso público, determinan ahora las capturas “biológicamente aceptables” del año, severamente reducidas en las especies más vulnerables. A su vez, la autoridad de gobierno sólo puede ajustar las cifras en un rango limitado.

En concreto, el Comité de Merluza estableció la cuota del 2015 entre 18.400 y 23.000 toneladas, y recomendó el nivel inferior en vista del descenso crítico de la “biomasa desovante”. Sin embargo, conforme a sus atribuciones, el Ministro de Economía, Felipe Céspedes, decretó 23 mil toneladas para su  distribución en 60 % industrial y 40 % artesanal desde Coquimbo a Chiloé. Falta definir cuáles serán las medidas orientadas a superar la categoría de colapso que tiene la merluza.

La captura de jurel, otro ejemplo del antiguo esplendor, sólo permite  290.000 toneladas, en acuerdo de Chile con una Organización del Pacífico Sur. Dentro del balance nacional, las cuotas más altas corresponden a la anchoveta Zona Norte (600.000 toneladas) y la sardina Centro Sur (323.000). En ambos casos, los desembarques se utilizan como harina y aceite de pescado. El consumo humano es mínimo.

Aparte del balance deficitario, la captura de jibia admite  200 mil toneladas con 80 % en favor de los pescadores artesanales, cuyo esfuerzo valorizó este molusco que anteriormente sólo servía de carnada. Por su lado, la industria saca mayor beneficio en la exportación de los filetes de jibia que registró 120 millones de dólares en 2014. La experiencia y la Ley de Pesca aconsejan mantener el “enfoque precautorio” del recurso.

Proyectos en trámite

La cuenta pública que entregó últimamente el Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, destacó el objetivo de fomentar la “diversificación productiva” del sector artesanal, agregando calidad a la materia prima y actividades turísticas en las caletas. “En cumplimiento del programa de la Presidenta Bachelet, los fondos destinados al rubro aumentaron a $ 4 mil millones, aplicables en regiones.” Además, aclaró que el proyecto del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala, iniciado en 2013, está siendo reformulado. Mientras tanto, una “Bonificación para el cultivo y repoblamiento de algas” se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora ingresa al Senado. En cambio, una “Regularización administrativa de las caletas” se encuentra en estudio de varios ministerios debido a su complejidad.

En perspectiva de perfeccionamiento, el Subsecretario anunció una evaluación de la Ley de Pesca vigente, en cuyo análisis participará la FAO en orden a establecer estándares internacionales de desarrollo sustentable. Al respecto, Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación de Pescadores Artesanales, advierte que “una diversificación productiva de las caletas no significa una recuperación de los recursos sobreexplotados, mucho menos de los colapsos.” En referencia a la FAO, puntualiza que “la sustentabilidad con base científica debiera considerar la estabilidad y el progreso de los trabajadores del mar chileno.”

Eduardo Quiroz, miembro artesanal del Comité de Manejo de la Merluza, adelanta  un primer acuerdo con los industriales para coordinar el uso de los caladeros en la zona Centro Sur. Asimismo, el control de la malla y dimensión de las redes permitirá  darle una salvaguardia de escape a los peces juveniles. En todo caso, “hay que fortalecer la fiscalización en terreno”.

Las marejadas de protesta se levantan ocasionalmente en la pesquería de sardinas, donde las cuotas son bastante inferiores a la capacidad de captura disponible. El problema deja en evidencia, según los dirigentes locales, una debilidad en la vinculación entre los Comités Científicos y los Comités de Manejo, en tanto el modelo sustentable requiere conocimientos específicos y comunicación social. En conjunto, se esperan novedades de política pesquera en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo.