Columna de opinión por Francisco Morey, Profesor de Periodismo Científico, Universidad Austral de Chile

En columna publicada en «El Mercurio», el pasado martes 23 de noviembre, los señores Miguel O’Ryan Gallardo, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, y Juan Larraín Correa, vicerrector de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, anuncian la disposición de sus universidades de trabajar por el desarrollo de un Plan Nacional Integrado de Ciencia y Tecnología para Chile, el que será, afirman los columnistas, una «hoja de ruta» que dé paso a la generación de «leyes, organismos, estructuras de gestión y financiamiento para la ciencia y la tecnología que sirvan de trampolín definitivo para alcanzar tan anhelada meta» (el desarrollo).

Junto con valorar dicha convocatoria, y suscribirla en lo fundamental, deseo manifestar que para que una política transformadora de nuestro sistema científico y tecnológico sea tal, también debe incluir un profundo esfuerzo de transformación cultural al interior de las universidades y centros de investigación.

Esta transformación no necesariamente requiere de leyes o nuevas estructuras, sino que más bien de expresiones de voluntad corporativa que promuevan una mayor integración entre los actores sociales -las necesidades sociales- y los investigadores, facilitando el encuentro productivo con los científicos de nuestro país.

Actualmente, un patrón que sigue la mayoría de las universidades complejas es la promoción de incentivos para la investigación y la docencia. Sin embargo, un pilar fundamental como la extensión queda de lado, a merced de la voluntad y del sacrificio personal de cada investigador o investigadora. Se premian el número e impacto de publicaciones indexadas, la adjudicación de proyectos de investigación, las innovaciones en docencia (sólo recientemente y en algunas universidades, habrá que precisar), pero nada respecto del tiempo y recursos que los científicos deben gastar para estar en un adecuado contacto con la sociedad.

Esta es una responsabilidad que está en el lado de las instituciones de investigación, públicas y privadas. No enfrentarla, proponiendo un balance de incentivos entre investigación, docencia y extensión, hará estériles los esfuerzos en materia de innovación y de transferencia por una razón muy simple: los científicos chilenos van a dedicar tiempo y recursos a tareas que les reportan beneficios a sus carreras, y eso, ahora, es producir y producir papers científicos y hacer clases a oleadas interminables de estudiantes con bajos estándares académicos. El resto queda para después.

La meta de lograr el desarrollo en no más de 15 años, planteada por los columnistas, es ambiciosa, pero no imposible. Las instituciones de investigación de nuestro país deben entender que parte esencial del logro de dicha meta está en sus manos y no necesita ninguna ley.

Por Francisco Morey, Profesor Periodismo Científico, Universidad Austral de Chile.

(Texto publicado en Cartas al Director en Diario El Mercurio, el día sábado 27 de noviembre de 2010).

Link al artículo original:

http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2010/11/27/MERSTOC002AA2711.htm