En medio de la polémica por los posibles conflictos de interés detrás de la serie de televisión «La Tierra en que Vivimos», el periodista científico y socio de ACHIPEC, Francisco Morey, revisa la lista de científicos presentados por CELCO como peritos expertos ante la justicia, entre los cuales -según Morey- se encuentran importantes personalidades del mundo científico chileno, incluyendo nada menos que un Premio Nacional de Ciencias.

Por Francisco Morey

La decisión de Televisión Nacional de Chile de suspender la serie La Tierra en Que Vivimos trae nuevamente a colación la “agenda científica” siempre presente en el denominado caso CELCO. Agenda compleja, pues, por distintos motivos, se le suele invocar para resolver disputas, para reemplazar roles, para zanjar desacuerdos que, se espera, contribuya a construir consensos en favor de … bueno, eso todavía no está claro.

Hoy, ad portas del cierre de los peritajes científicos en el proceso judicial del Estado de Chile (representado por el Consejo de Defensa del Estado), un nuevo escenario de conflicto con los científicos como protagonistas se aproxima. La primera alarma se encendió con la publicación de las observaciones de los peritos contratados por el tribunal, quienes en su mayoría responsabilizan a la empresa del desastre ambiental del río Cruces. (Abundante información se puede encontrar en la excelente cobertura periodística de Radio Biobío de Valdivia).

En este proceso judicial actúan tres partes: el tribunal (Primer Juzgado Civil de Valdivia), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la empresa. Hasta ahora son ampliamente conocidos los peritos del tribunal. Por parte del CDE, en tanto, actúa Borys Didyk Moroz, Doctor en Química de la Universidad de Bristol, quien ha colaborado en varios peritajes asesorando a este servicio público. Su contrato actual tiene una duración de cuatro meses y sus honorarios ascienden a 25 millones de pesos. Duración similar tienen los contratos de los peritos por el tribunal, con honorarios promedio de 5 millones de pesos.

Como el lector recordará, el año 2005, en plena efervescencia social y mediática por la migración y muerte de los cisnes de cuello negro desde el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter de Valdivia, la publicación de un estudio por parte de la Universidad Austral de Chile, donde se vinculaba a la empresa CELCO con el desastre ambiental, derivó en un enfrentamiento de proporciones entre universidades, centros científicos y entre científicos en persona, todos tratando de defender “la verdad científica” que culpara o exculpara a la empresa.

En esta ocasión es el Primer Juzgado Civil de Valdivia el que deberá cotejar y evaluar esa “verdad científica”.

Por eso, resulta relevante conocer también la contraparte científica presentada por CELCO ARAUCO, la que, no es de extrañar, se caracteriza por su peso científico. En particular su líder, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas Dr. Pablo Valenzuela. Esta es la lista con los siete peritos de CELCO:

– Dr. Pablo Valenzuela: Baste decir que es Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2002. Uno de los científicos más destacados e influyentes del país, es el coordinador del equipo de peritos adjuntos designados por ARAUCO. Es cercano al Presidente Piñera. Formó parte de los grupos Tantauco, profesionales que desarrollaron los lineamientos programáticos de la candidatura del actual mandatario, e incluso en algún momento sonó como nombre para un ministerio.

– Dr. Dagoberto Arcos Rojas: Director del Centro Regional de Estudios Ambientales (C.R.E.A. de Talcahuano), unidad de servicios e investigación ambiental perteneciente a la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

– Enrique Hauenstein Barra: Profesor de la Universidad Católica de Temuco, docente en la Escuela de Ciencias Ambientales. Ha dirigido proyectos FONDECYT relacionados con el luchecillo.

– Dr. Alvaro Palma: asociado al Laboratorio de Ecología y Oceanografía Costera de la PUC y al Centro de Estudios Avanzados en ecología y Biodiversidad (CASEB) de la misma casa de estudios.

– Dr. Gabriel Vargas Easton: Profesor Asociado Departamento de Geología, Facultad de Ingeniería Universidad de Chile.

– Dr. Gonzalo Edwards: Profesor Titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

– Dr. Ramón Ahumada: Jefe de Departamento de Quimica Ambiental de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Su línea de investigación es en Contaminación Marina y Oceanografía Química.

Como es de esperar, este grupo de científicos sostiene que no hay vinculación entre lo ocurrido en el santuario y las operaciones de la empresa. El Dr. Dagoberto Arcos, por ejemplo, dice tajante: ”El ladrón o el asesino dejan sus huellas, y eso es lo que investiga la policía, y yo al menos no las encontré”. El Dr. Alvaro Palma precisa que “el informe pericial adjunto se entregó el 14 de marzo de 2011 y en este tiempo el trabajo ha sido intenso, revisando toda la información entregada y emitiendo observaciones científicas multidisciplinarias a la pericia”. También aclara que no tienen vinculación con ningún tipo de apoyo comunicacional para hablar o no de este tema. Y enfatiza que, en su caso, los estudios que CASEB – PUC ha producido en este tema son de público conocimiento puesto que se publican en revistas científicas reconocidas internacionalmente.

El Dr. Arcos concuerda con esto último. “Se ha desarrollado un trabajo colaborativo -dice- entre todos los peritos contratados por la empresa. La coordinación general  del trabajo científico y la comunicación con la empresa ha sido responsabilidad del Dr. Pablo Valenzuela”, lo que según él es garantía de seriedad.

Este equipo abordó dos temas. Primero, la posible vinculación de la empresa con el evento denunciado, en la que a entender de Arcos “no existe indicio alguno de relación causa efecto”. El segundo fue tratar de dilucidar qué pasó, qué determinó el impacto en la población de aves en el Santuario. ”Sobre ésto no encontramos una respuesta definitiva -dice Arcos- dado que son muchas las variables que podrían estar involucradas y para eso se han elaborado hipótesis de trabajo”.

¿Qué ocurrirá con esta “verdad científica” entonces, cuando en aproximadamente 6 semanas, si es que se cumplen los plazos esperados para que la Corte de Apelaciones, cierre el proceso de peritajes?

Respecto de un nuevo (potencial) enfrentamiento científico, el Dr. Dagoberto Arcos menciona que hay situaciones que pudieran dar pie a un conflicto. “Los peritos (del tribunal) a lo mejor no son los más idóneos ya que (en estos casos) no se puede ser enciclopedista”, sostiene. Dice que para evitar conflictos, “el profesional debe ser 100% ético y usar el método científico”. Da como ejemplo el propio estudio del UACh del año 2005 y dice: “Yo creo que el informe de la UACH confundió la discusión, porque no tuvo rigurosidad. En ese informe hay una vulneración absoluta del método científico”, lo que debiera tomarse en consideración por el tribunal y la ciudadanía para emitir juicios sobre los hallazgos, advierte. “Hay que hacer un diferenciación entre ciencia aplicada, ciencia básica y ciencia comprometida”, dice.

En este blog continuaremos con la cobertura de las distintas perspectivas científicas actuando en este emblemático proceso para la conservación de la naturaleza, la ciencia y la institucionalidad ambiental chilena.

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Por Francisco Morey. Publicado originalmente aquí.

Imagen:
Por Dudu Viana Espetáculo do Palco Giratório 2009 no Sesc Iracema 04/04/09 – Dança “O Nome Científico da Formiga” de Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira (SP). www.dancacontemporanea.com.br Creative Commons.

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